El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este martes ante la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái una de las iniciativas más ambiciosas del Ejecutivo en materia de protección infantil y salud pública: una ley para prohibir el acceso a las redes sociales a todos los menores de 16 años en España. La medida, que será remitida esta semana al Parlamento para su tramitación, supone un cambio radical en la regulación del entorno digital juvenil y se apoya en un creciente consenso científico y social sobre los efectos adversos de estas plataformas en la población más joven.
“El objetivo es proteger a nuestros niños y adolescentes de los riesgos reales, demostrados por la evidencia científica, que estas plataformas conllevan para su desarrollo psicológico, emocional y cognitivo”, afirmó Sánchez en su intervención. La norma obligaría a las grandes plataformas —incluidas TikTok, Instagram y X (antes Twitter)— a implementar controles de acceso robustos, que vayan más allá del simple autodeclarado de edad, y a responder ante incumplimientos con sanciones económicas, incluso penales en casos de negligencia grave.
Madrid y la salud mental juvenil
La necesidad de este tipo de políticas se apoya también en datos específicos de la Comunidad de Madrid, uno de los principales focos demográficos y sociales del país:
- Desde marzo de 2023, un servicio de atención psicológica telemática para jóvenes madrileños (14-30 años) ha recibido 21.787 solicitudes de ayuda por ansiedad, estrés, conductas suicidas, adicciones o trastornos alimenticios, evidenciando un notable aumento de problemas de salud mental en la última década.
- En estudios centrados en la ciudad, uno de cada cinco jóvenes dice sentir soledad no deseada, fenómeno que se ha relacionado con el uso intenso de tecnologías digitales.
- En investigaciones impulsadas por el Ayuntamiento de Madrid, el 42,6 % de los jóvenes teme que se difundan fotos suyas sin consentimiento, y el 18 % declara haber sufrido ciberacoso, grooming o mensajes de odio a través de redes.
- Un barómetro nacional —que incluye a menores de toda España— indica que el 41 % de los adolescentes ha tenido o cree haber tenido un problema de salud mental en el último año, y más de la mitad no ha pedido ayuda profesional.
Estos datos confirman que, más allá del debate sobre las redes sociales, existe una crisis multidimensional de bienestar juvenil —con una carga significativa de malestar emocional, conductas de riesgo y falta de recursos de apoyo adecuados— que ha llevado a las autoridades madrileñas a reforzar servicios de atención y programas de acompañamiento psicológico.
Evidencia científica: riesgos asociados al uso intensivo de redes
La comunidad científica —incluidos especialistas reunidos recientemente en encuentros de salud mental en Madrid— ha alertado sobre los efectos del uso intensivo de redes en adolescentes:
- Psiquiatras señalan que más de 3 horas al día en redes sociales se asocian con un mayor riesgo de ansiedad, depresión y baja autoestima, e incluso cambios negativos en patrones de interacción social en desarrollo cerebral.
- Estudios epidemiológicos a nivel nacional han identificado vínculos entre el uso excesivo de redes y síntomas de estrés psicológico, dificultades de sueño y exceso de comparaciones sociales perjudiciales para la autoimagen.
- Aunque no todos los hallazgos son unívocos, existe consenso en que un uso problemático o adictivo de redes aumenta la vulnerabilidad de los adolescentes frente a problemas de salud mental y a experiencias traumáticas en línea.
Australia, Francia y el avance europeo
España se une a un movimiento global que ya ha tenido resultados concretos en otros países:
- Australia aplica desde diciembre de 2025 una ley que prohíbe a menores de 16 años tener cuentas en redes sociales, con sanciones económicas fuertes para las empresas que no verifiquen edad de forma efectiva.
- En Francia, medidas similares se orientan no solo a prohibiciones directas, sino también a fortalecer la educación digital y el acompañamiento parental ante riesgos de ciberacoso, desinformación y adicción digital.
- A nivel europeo, España, Francia y Grecia han propuesto incluso establecer una edad mínima común de acceso a redes sociales en toda la Unión Europea, lo que podría ser debatido en próximos meses por los ministros de telecomunicaciones.
Recepción de la medida y desafíos
La reacción de familias, educadores y expertos ha sido mixta:
- Apoyo: Organizaciones de padres y colectivos por la salud mental juvenil han celebrado la iniciativa, considerándola una herramienta necesaria para reducir exposiciones nocivas tempranas y proteger procesos de desarrollo.
- Retos señalados: Críticos advierten que una prohibición estricta puede empujar a los adolescentes a plataformas no reguladas o a eludir controles mediante cuentas falsas y que no sustituye la necesidad de educación digital y diálogo familiar para construir hábitos saludables.
Instituciones educativas en Madrid han mostrado interés en ampliar programas de alfabetización digital y apoyo emocional, entendiendo que la desconexión por ley debe acompañarse de recursos educativos y de cuidado para ser verdaderamente efectiva.
Qué significa esto para nuestros jóvenes
La propuesta de prohibir el acceso de menores de 16 años a las redes sociales representa un punto de inflexión en la política digital española. Pretende dar respuesta a una realidad que combina:
- Una juventud que enfrenta niveles crecientes de malestar emocional y soledad, a menudo sin canales adecuados de apoyo.
- Riesgos concretos de ciberacoso, grooming y desinformación que afectan directamente a adolescentes.
- Evidencias científicas que vinculan el uso intensivo de plataformas con problemas de salud mental y conductas de dependencia digital.
¿Cuándo entrará en vigor la prohibición?
El anuncio hecho hoy por Pedro Sánchez en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái no implica que la prohibición sea automática hoy mismo. Según fuentes oficiales:
- El Gobierno ha confirmado que la semana que viene presentará formalmente al Consejo de Ministros un paquete normativo que incluirá esta prohibición de acceso a redes sociales para menores de 16 años.
- Actualmente, la edad mínima legal para acceder a redes sociales en España sin consentimiento parental es 14 años bajo la legislación de protección de datos. La nueva iniciativa elevaría ese umbral a 16 años, modificando la normativa digital y de protección de menores.
Lo que esto significa: la prohibición no entra en vigor inmediatamente, sino que debe ser aprobada primero por el Consejo de Ministros, luego tramitada en el Parlamento y finalmente publicada en el BOE, tras lo cual empezaría su aplicación formal. Ese proceso legislativo puede durar varias semanas o incluso meses.
En conjunto, basándonos en cómo funcionan procesos legislativos similares en España y en medidas comparables en Europa:
Desde hoy hasta la aprobación final y vigencia operativa efectiva de la prohibición podría pasar entre:
6 – 12 meses, aproximadamente —
dependiendo de la rapidez del Parlamento, de las negociaciones políticas, y de los plazos técnicos concedidos a las plataformas para adaptarse.
Esto sitúa la entrada en vigor práctica efectiva de la prohibición —es decir, cuando sea exigible y aplicable de manera general— en algún momento de finales de 2026 o principios de 2027, aunque la ley pueda estar aprobada antes.
Para comparar, Francia, que ya ha aprobado una medida similar para menores de 15 años, tiene previsto que su prohibición entre plenamente en vigor en septiembre de 2026 tras su tramitación parlamentaria.
Todo ha empezado con su anuncio de la medida y ahora falta:
Aprobación en el Consejo de Ministros (próxima semana)
El Gobierno ha confirmado que presentará la propuesta formal la próxima semana en el Consejo de Ministros como parte de un paquete normativo más amplio para regular las redes sociales y la protección infantil.
Este es el paso interno esencial para que la iniciativa pueda empezar su camino legislativo.
Tramitación parlamentaria
Una vez aprobada por el Consejo de Ministros, la iniciativa deberá entrar en el Parlamento para ser debatida, enmendada y votada.
Eso implica:
- Primera lectura en el Congreso de los Diputados.
- Posibles enmiendas y negociaciones parlamentarias.
- Debate en comisión y en pleno.
- Votación final.
Este proceso puede llevar varios meses dependiendo del consenso político y de las reservas de los distintos grupos parlamentarios.
Esta es la fase donde suelen surgir las barreras más importantes:
- Negociaciones entre partidos sobre el contenido de la ley.
- Posible incorporación de medidas complementarias (como educación digital, verificación biométrica, controles parentales, etc.).
- Debates sobre derechos fundamentales como privacidad y libertad de expresión.
Publicación en el BOE y periodo de adaptación
Si la ley logra el visto bueno parlamentario, tiene que ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para entrar en vigor formalmente. Después de su publicación:
Las plataformas tendrán un periodo de adaptación para implementar los sistemas tecnológicos necesarios, especialmente:
- Verificación de edad efectiva (no simplemente autodeclarada).
- Mecanismos para eliminar contenido ilegal o dañino y reportar datos a las autoridades.
- Integración con sistemas nacionales de identidad digital.
Ese periodo de adaptación, que suele concederse para grandes cambios regulatorios tecnológicos, podría alargarse varios meses después de la publicación en el BOE para dar margen a plataformas como Meta, TikTok, X o Snapchat a modificar sus sistemas globales.
