La Junta de Gobierno aprueba el nuevo contrato de seguimiento de desperfectos en las vías públicas, dependiente del Área de Obras y Equipamientos, que sustituirá al pliego actual en enero de 2027. La empresa adjudicataria contará con una plataforma informática dedicada y una flota de 35 vehículos ECO y CERO emisiones para auditar las reparaciones.
MADRID. — El mantenimiento y estado del firme en los más de 3.000 kilómetros de calles que integran la capital española constituye uno de los ejes de actuación urbana con mayor impacto en el día a día ciudadana. En este contexto, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha dado luz verde este jueves a la licitación del nuevo contrato de servicios para el seguimiento y control de incidencias en los pavimentos de las vías públicas.
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La partida, dependiente del Área de Gobierno de Obras y Equipamientos, sale a licitación con un presupuesto base de 14,3 millones de euros para sus primeros tres años de vigencia. La vigencia inicial de 36 meses contempla la posibilidad de prorrogarse por otros 24 meses adicionales, alcanzando un periodo máximo de gestión de hasta 60 meses (cinco años). Según ha detallado en Rueda de Prensa la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, este nuevo pliego sustituirá al contrato que se encuentra actualmente en ejecución y cuya fecha de vencimiento está fijada para el próximo 14 de enero de 2027.
Datos clave del pliego municipal de pavimentos:
• Presupuesto base de licitación: 14,3 millones de euros (para los primeros tres años).
• Duración contractual: 36 meses iniciales + 24 meses de prórroga (hasta un máximo de 60 meses).
• Fecha de entrada en vigor: Sustituirá al contrato vigente el 15 de enero de 2027.
• Volumen de avisos: Gestión e inspección de más de 60.000 incidencias de pavimento anuales.
• Exigencia ambiental: Flota obligatoria de 35 vehículos ligeros y motocicletas con distintivo CERO o ECO.
Inspección previa, plataforma propia y verificación del trabajo
El Ayuntamiento de Madrid procesa cada año un volumen superior a las 60.000 incidencias relacionadas con desperfectos en aceras, calzadas y espacios peatonales, registradas a través de los diferentes canales oficiales de atención a la ciudadanía. La función de la compañía que resulte adjudicataria no será la ejecución directa de la obra de asfaltado o acerado, sino la auditoría, clasificación, seguimiento técnico y verificación de que las empresas encargadas del mantenimiento subsanan las deficiencias de forma satisfactoria y dentro de los plazos reglamentarios.
Entre las obligaciones operativas articuladas en el pliego destacan:
- Clasificación y derivación de avisos: Filtro e inspección previa de cada notificación recibida en los canales municipales, redirigiendo a otros departamentos aquellos avisos que no correspondan a la red de pavimentos.
- Herramienta tecnológica de control: Desarrollo, despliegue y mantenimiento continuo de una plataforma informática específica que garantice la plena compatibilidad con el sistema de información municipal.
- Comprobación de tiempos y calidad: Verificación sobre el terreno del cumplimiento de los plazos de resolución exigidos a las contratas de mantenimiento y certificación del acabado final de las obras.
Para el desarrollo de las labores de inspección sobre el terreno, la empresa adjudicataria estará obligada a desplegar una flota de 35 vehículos (compuesta por vehículos ligeros y motocicletas) dotados de clasificación ambiental CERO emisiones o ECO, garantizando el cumplimiento de la normativa municipal de movilidad sostenible.
Tres niveles de clasificación técnica para los desperfectos
El pliego aprobado por la Junta de Gobierno tipifica las anomalías detectadas en la vía pública en tres categorías diferenciadas en función de su peligrosidad y envergadura:
- Incidencias Tipo A (Reparación a corto plazo): Aquellas que requieren una actuación rápida por parte de la contrata de mantenimiento. Cuando la superficie afectada sea inferior a 10 metros cuadrados y el daño afecte únicamente a las capas superiores del firme, el plazo máximo de resolución se establece en tres días. Si el deterioro afecta a las capas inferiores del pavimento o supera los 10 metros cuadrados requiriendo arreglo inmediato, la subsanación deberá ejecutarse en un máximo de diez días.
- Incidencias Tipo B (Planificación y prevención): Defectos que no precisan de una intervención de urgencia. En estos supuestos, el contrato establece como criterio de eficiencia la programación agrupada de reparaciones por ámbitos territoriales (calles o barrios enteros), incluyendo tareas de mantenimiento preventivo para ralentizar la evolución del desgaste de las calzadas[cite: 1.2].
- Situaciones de Emergencia: Deficiencias que entrañen un riesgo grave e inminente de daño para la integridad física de los peatones o para los vehículos[cite: 1.2]. En estos casos, la atención operativa se activará de forma inmediata en el momento exacto en que se reciba el aviso[cite: 1.2].
La supervisión externa del estado de las calles en Madrid
La estrategia municipal para el control y la revisión de la vía pública en la capital ha experimentado una transformación estructural en los últimos años. Historicamente, la conservación del pavimento en Madrid ha operado mediante la separación entre las contratas encargadas de la ejecución material de las obras de asfaltado y conservación urbana, y las empresas de inspección independiente dedicadas a auditar la efectividad de las reformas y velar por el cumplimiento de los plazos.
El volumen de 60.000 avisos anuales pone de manifiesto la alta densidad de tráfico rodado y peatonal que soportan las calzadas madrileñas. En anteriores marcos contractuales del Área de Obras y Equipamientos, la implantación de plataformas informáticas georreferenciadas y el seguimiento con inspección móvil permitió agilizar el canal de respuesta ante baches, socavones o losas levantadas.
Con la licitación de este nuevo servicio por 14,3 millones de euros hasta 2029 (extensible hasta 2031 en caso de agotarse las prórrogas), el Consistorio busca dar continuidad a la fiscalización de los estándares de calidad en las intervenciones del plan de aceras y asfaltado de la capital, asegurando la trazabilidad desde que un ciudadano tramita un aviso por los canales de atención hasta que los inspectores certifican el arreglo definitivo sobre la calzada
